10 septiembre 2003

¿Ilegalización del PNV y EA?

Hace tiempo que estos dos partidos políticos -al menos sus cúpulas dirigentes- decidieron ponerse manifiestamente del lado de los terroristas de ETA y de su maloliente brazo político, con el fin de mostrarles en todo momento su apoyo y comprensión ante la ofensiva que el Estado de Derecho -por fin- lanzó hace más de un año para reducir el campo de acción de los primeros y la influencia socio-política de los segundos.

El acorralamiento de los terroristas y de sus cómplices políticos ha surtido extraordinarios efectos en este período, como son la reducción hasta casi su completa desaparición de las algaradas callejeras, que durante años aterrorizaron a comerciantes y viandantes del País Vasco y que protagonizaban, perfectamente organizados y coordinados, las crías de la serpiente. Asimismo, se ha reducido notablemente la capacidad operativa de los comandos y sus sucesivas desarticulaciones, no pueden sino ocasionar desánimo y zozobra entre quienes los crean y los conforman. Por último, las insidiosas manifestaciones callejeras capitaneadas por Otegi y sus sicarios, que impúdicamente mostraban ante la ciudadanía su poder de convocatoria y coacción, han disminuido hasta su mínima expresión, debido a que los resortes judiciales de nuestro sistema político se abalanzaron sobre ellos, hace ya un año, con todo el peso que a la Ley puede exigírsele para clausurar sus sedes, cerrar sus vías de financiación e ilegalizarles como partido político.

A todo esto, el PNV y EA han respondido actuando del siguiente modo:

-Obstaculizando e impidendo empecinadamente que se procediera a la disolución del grupo parlamentario batasuno en el Parlamento de Vitoria, haciendo caso omiso de las resoluciones judiciales a ese respecto y burlándose repetidamente de ellas.

-Reconociendo el derecho del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, o como demonios se escriba, a seguir percibiendo las correspondientes subvenciones que el Parlamento Autónomo otorga a cada uno de los grupos políticos de la Cámara.

-Subvencionando y ayudando, desde una Consejería del Gobierno Autónomo -creo que la de Interior- con hasta 1.200 euros a familiares y amigos de presos etarras encarcelados en prisiones situadas fuera del País Vasco, con el fin de que el desplazamiento para visitar a los criminales, les sea a aquéllos lo menos lesivo posible.

-Demandando al Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por considerar que la Ley de Partidos Políticos y la sentencia del Tribunal Constitucional que la avala vulneran, entre otros, el derecho a un juez imparcial, a la libertad de asociación y el principio de legalidad penal.

Estas son sólo cuatro de las iniciativas que desde el Gobierno Vasco, el PNV y EA o las instituciones por ellos controladas, se han planteado con el fin de amortiguar en la medida de lo posible, los sucesivos golpes policiales, políticos y judiciales que desde la mayor y mejor de las firmezas democráticas, han recibido los asesinos etarras y sus alguaciles políticos en los últimos meses. Pero no las únicas. Lo que sucede es que sería largo y proceloso enumerarlas todas y como de costumbre, se me hace tarde y me quiero ir a acostar.

Y ahora marido con el título de mi comentario de hoy. En vista de todas estas actitudes desafiantes, ofensivas, obstruccionistas y ultrajantes llevadas a cabo por el Gobierno Vasco y el PNV y EA, yo me pregunto:

¿No va siendo hora ya de que alguien se plantee la posibilidad de tomar las pertinentes medidas legales contra aquellos que de modo tan entusiasta prestan su rendido apoyo a quienes fueron ilegalizados por justificar y dar cobertura con sus rebuznos y graznidos, al uso de la violencia terrorista como arma política?

Lucio Decumio.

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