El filósofo griego Aristóteles, sin duda uno de los hombres más sabios de la Historia de la Humanidad, vino a decir en una ocasión algo así como que pobre es el discípulo que no deja atrás a su maestro. Tan bella cita ha sido tomada, consciente o inconscientemente, tan al pie de la letra por los actuales dirigentes nacionalistas vascos, que ha sido retorcida y llevada hasta su extremo más abrupto y peligroso. Ni en las ensoñaciones sabinianas más febriles podrían haber tomado cuerpo como lo están tomando, las sucesivas agresiones al Estado de Derecho que está perpetrando el PNV desde sus distintos tentáculos de poder.
Hace un par de días o tres, en una de las sesiones del Parlamento Vasco, órgano de representación política de todos los vascos que ha sido definitivamente secuestrado por el PNV para llevar a buen puerto sus más espurios fines, el presidente de la Cámara y ex-consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atucha, expulsó, en una de las interpretaciones más sectarias y nauseabundas que se recuerdan del reglamento de un parlamento democráticamente elegido, al portavoz del grupo popular en el recinto, el indomable Carlos Iturgáiz.
Este hombre, amenazado de muerte por la banda terrorista ETA desde hace tanto tiempo que ni tan siquiera él mismo debe ser capaz de recordarlo, se ha mantenido siempre firme y valientemente erguido en sus convicciones políticas frente a las amenazas terroristas, frente a sus atentados, frente a sus secuestros y frente a aquellos que en los últimos años, más y más se han ido aproximando y comulgando con las tesis de los criminales para sacar partido y ventaja política de sus sangrientas acciones.
Seguramente todos hemos leído u oído lo sucedido en aquella sesión, pero bueno será recordarlo, para que quede constancia. Joseba Azkárraga, a la sazón consejero de Interior del Gobierno Vasco, acusó a los diputados del Partido Popular, al finalizar una de sus intervenciones en la tribuna de oradores, de ser los herederos del franquismo en el País Vasco. Iturgáiz, que por su actitud en el escaño parecía nadar entre las aguas del hastío, el tedio y la repugnancia por lo que acababa de escuchar, respondió solícito al provocador consejero que si ellos eran herederos del franquismo, él lo era de ETA.
La furibunda reacción del sanedrita Atucha en defensa de su correligionario nacionalista, ha sido contemplada ya por toda España y sólo merece la calificación que destila el propio despropósito cometido al hilo de la respuesta de Iturgáiz ante la acusación de Azkárraga. Atucha expulsó al parlamentario popular, amenazado, agredido, insultado, vituperado y escoltado desde hace años en su propia tierra por haberse distinguido con especial énfasis en la defensa de la idea de un País Vasco libre de la amenaza terrorista y de su totalitarismo racista y excluyente.
Atucha, que jamás se ha atrevido, o mejor dicho, que jamás ha querido expulsar del Parlamento a ningún activista abertzale cuando las barbaridades proferidas por éstos siempre han superado cualitativa y cuantitativamente a las declaraciones que provocaron la expulsión de Iturgáiz, echó a la calle a éste y le sancionó con el máximo castigo que contempla el Reglamento de la Cámara: dos sesiones sin poder acudir a su escaño.
Atucha es un sectario, un prosélito partidista y partidario de los más rancios argumentos racistas y xenófobos defendidos por el fundador de su partido. Empeñado, como decía Aristóteles, en superar a su etnicista maestro, se ha terminado por convertir en el brazo ejecutor de los más escandalosos, desafiantes y desvergonzados episodios de burla peneuvista a las instituciones que representan al Estado de Derecho, del que no olvidemos, emana la propia legitimidad de este sujeto.
Esto tiene que terminar de una vez. No puede haber por más tiempo en España una región en la que se concatenen sistemáticamente los más elementales derechos humanos y ciudadanos, en la que se pisoteen con tanta comodidad como infamia las libertades de los mismos, en la que las instituciones sean un juguete en manos del partido gobernante, en la que las resoluciones judiciales que perjudican a los prebostes nacionalistas y a sus fines sean obviadas reiteradamente, en la que la mitad de la población viva amedrentada y no pueda expresar libremente sus ideas políticas, en la que los amenazados y las víctimas tengan que verse obligados a casi pedir perdón a sus asesinos y a sus verdugos, en la que, en definitiva, el poder ejecutivo se ponga del lado de quienes matan, extorsionan, asaltan y amenazan a un elevadísimo porcentaje de la ciudadanía.
Paz y libertad para todos los vascos con el fin de que todos, absolutamente todos, puedan manifestar en verdadera libertad sus ideas y concurrir en igualdad de oportunidades ante un debate político o ante una convocatoria electoral, por muy descabelladas que sean las propuestas. Que nadie mate, secuestre, amenace o ponga en la diana a sus rivales políticos y si lo hacen, que lo paguen. Y si alguien les ayuda a hacerlo que lo paguen también. Enjuiciamiento y prisión para todos aquellos que impiden, de uno u otro modo, vivir en paz y libertad a cientos de miles de españoles en varias provincias de nuestra Nación, traicionando su esencia y las instituciones que libremente nos concedimos hace tantos años.
Firmeza desde el Gobierno de España y apoyo leal y sin fisuras de la oposición es lo que reclamo a voz en grito.
Lucio Decumio.
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