No contentos con los sucesivos bandazos políticos que han protagonizado en los últimos meses -demagógico pancartismo callejero, crisis de la Asamblea de Madrid, acuerdos en determinadas localidades navarras y vascas con los nacionalistas más exacerbados, alianzas con independentistas para acceder al Govern de Catalunya o la propuesta de Agencia Tributaria propia para Andalucía- los dirigentes del PSOE se desmarcan nuevamente de la lógica y del sentido común al proponer en su programa electoral para las Elecciones Legislativas de Marzo de 2004, medidas de discriminación positiva para la mujer que rayan el absurdo, cuando no la más absoluta inconstitucionalidad.
Básicamente, el PSOE propone que ser mujer en España, sea una ventaja. Vamos, como si hasta ahora hubiera sido un inconveniente. Para aclararnos, las ofertas del Partido Socialista se dirigen hacia una máxima prioridad para las féminas a la hora de entrar y ascender en la Administración, paridad en la dirección de organismos públicos y en las listas electorales, proporción obligatoria de 40/60 para mujeres y hombres.
Como afirmaba, al margen de descabelladas y estúpidas, estas proposiciones seguro que bordean los límites constitucionales, cuando no los traspasan. Veamos, hasta donde yo sé, la Constitución Española, máxima referencia de nuestro ordenamiento jurídico, económico y social, dice que los españoles somos todos iguales ante la Ley, sin distinción de razas, sexo u orientación religiosa, por lo que si un hipotético -no deseable, por mi parte- Gobierno Socialista aprobara leyes de discriminación laboral o profesional para favorecer a un determinado género, estaría incurriendo en una grave alteración de los mandatos constitucionales.
Habría, por tanto, que modificar el Título Constitucional en el que se recoge dicha proclama de igualdad y redactarlo de nuevo para que todos los españoles fueran iguales ante la Ley, salvo en los casos en que, a semejanza o correspondencia de méritos académicos y profesionales entre hombres y mujeres a la hora de concurrir a un puesto de la Administración Pública o para dirigir una empresa estatal, aquéllas últimas, por el mero hecho de serlo, dispondrían de una ventaja definitiva para acceder a tan apetecible colocación.
Es de suponer, conociendo los tradicionales complejos izquierdistas, que una vez aprobada esta Ley de Desigualdad Manifiesta de Géneros, hombres y mujeres continuarían pagando los mismos impuestos para sostener una misma Administración y unas mismas Empresas Públicas que estarían obligadas por la citada Ley a favorecer descaradamente a las mujeres tanto para su ingreso, como para su promoción dentro de las mismas.
Lamentable. Hace unos días o semanas, proponía a los dirigentes socialistas que, de cara a las Elecciones Generales, elaboraran propuestas seductoras y novedosas a los electores con el fin de tratar de ganar en las urnas respeto y consideración, al margen de un bagaje político que les permitiera asentarse como verdadera alternativa nacional de cara al futuro. Pues bien, parece que me hacen caso, pero a la inversa.
Señores socialistas. España no necesita medidas anticonstitucionales para prosperar y salir adelante y las mujeres españolas, menos aún. Si yo fuera mujer, me avergonzaría de que un partido político con implantación nacional y ambición de gobierno, me considerara tan incapaz y tan inferior a los hombres, que se viera en la obligación de legislar en contra de los varones y a favor de las féminas. Porque, si lo que se pretende con estas propuestas -que espero nunca se lleven a cabo- es acabar con los rescoldos de machismo y misoginia que aún queden en nuestra sociedad, el resultado sólo puede ser inverso, ya que las propias medidas esconden -premeditadamente o no, eso ya no lo sé- un machismo soterrado que invita a pensar que la mujer es incapaz por sí misma de alcanzar las mismas metas profesionales que los hombres.
Insisto, los españoles somos iguales para lo bueno y para lo malo, seamos hombres o mujeres. Si las mujeres son inferiores intelectualmente a los hombres -algo que descarto de plano- no deben ocupar ni los mismos puestos, ni en la misma proporción que los hombres. Pero si demuestran ser más capaces que nosotros, la paridad obligatoria en puestos de responsabilidad también terminaría jugando en contra de ellas y de la sociedad, pues muchas y muy competentes quedarían fuera de los puestos de mando y todo el sistema se resentiría.
En resumen. Basta ya de falsos complejos, de fariseísmos y de hipocresía encubierta de buena voluntad. Si las mujeres, por el mero hecho de serlo, fueron discriminadas social, política y profesionalmente durante siglos, quien menos culpa tiene de ello es precisamente la generación -a la que me enorgullezco de pertenecer- que ha contemplado a la mujer, gracias a la educación recibida, como alguien que está a su altura en todos los sentidos y en algunos, por encima.
Minorías secularmente marginadas entended esto. La moderna mayoría social que finalmente ha comprendido que los derechos intrínsecos que se os negaron durante milenios, era menester concedéroslos en condiciones de absoluta igualdad en virtud de vuestra esencia humana, no deben pagar por las injusticias que os impidieron disfrutar de esas libertades en el pasado.
Lucio Decumio.
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