Ha llegado hasta mis oídos, proveniente de fuentes de toda solvencia, la noticia de que de un tiempo a esta parte, los inmigrantes que han arribado a centenares de miles en los últimos años a España, pueden, a través de la presentación del permiso acreditativo para conducir expedido en sus países de origen, obtener gratuitamente el permiso nacional, sin necesidad de pasar por ningún otro trámite, administrativo o técnico.
Si esto realmente es así, las cosas están llegando demasiado lejos. No sé si esta decisión la ha tomado el actual Gobierno o es fruto de los complejos del anterior, pero eso me da igual. Lo que me indigna y encoleriza es saber que cientos de miles de jóvenes españoles se tienen que gastar una media de casi mil euros -normalmente del bolsillo de sus propios padres- en la obtención del permiso de conducir, siguiendo los trámites legalmente establecidos, mientras que una proporción similar de inmigrantes lo consiguen a cambio de nada o mejor dicho, a través de la presentación de un documento que vaya usted a saber qué valor legal puede tener, incluso en el país de origen de aquél que lo entrega como prueba de que sabe conducir.
En fin, me temo que nos encontramos ante el penúltimo agravio que los españoles cometemos contra nosotros mismos, en virtud de los gravísimos prejuicios que manifestamos una y otra vez y que nos invitan a acomplejarnos de lo que somos, de quiénes somos y de cómo somos.
En última instancia, se me podría ocurrir pensar que este canje de cromos que se lleva a cabo con los más que sospechosos permisos de conducir ecuatorianos, colombianos, magrebíes o de cualquier otra condición u origen, se hace en virtud de algún acuerdo con los Gobiernos de los países de procedencia, pero mucho me temo que no debe ser así. Aplicando la máxima de "piensa mal y acertarás" me encuentro ante el casi irrebatible juicio de que al igual que en otras instancias administrativas, políticas y económicas, en aquéllos lugares, el método para obtener una acreditación que autorice a un individuo a conducir un vehículo de tracción mecánica, debe estar más relacionado con los sobornos y con las falsificaciones, que con un proceso limpio, estricto y controlado. Así que teniendo en cuenta estos más que seguros precedentes, se me hace muy complicado creer que se hayan podido cerrar desde España, convenios de colaboración absolutamente estancos y ajenos al juego sucio de los intereses de las mafias que operan en esos países.
Y señores del Ministerio del Interior, del que depende la Dirección General de Tráfico y en último término, la expedición de los carnets de conducir: pase que quieran evitarse engorrosos procesos administrativos y quitarse de encima el muerto que supone tener a miles y miles de inmigrantes conduciendo con permisos extranjeros sin ninguna validez en España, pero por lo menos, a la hora de cambiárselos por los documentos nacionales, háganles pagar una cantidad de dinero, aunque sea testimonial. Lo suficiente, como para poder costear los gastos que se derivan de todo el proceso de elaboración y expedición del permiso.
Pero ¡¡demonios!!, ahora que se me acaba de encender la bombilla. Ésa sería una medida a todas luces racista, xenófoba, totalitaria, injusta, despectiva y chauvinista, que crisparía a la sociedad y que perjudicaría sensiblemente los paupérrimos intereses de los miles de inmigrantes que nos llegan por doquier en busca de un futuro mejor. Y tan mejor. ¿Cómo no van a venir en masa, si se les regala sin ninguna contraprestación, lo que tanto dinero y esfuerzo nos cuesta conseguir a los españoles?
Un poco de sentido común y de coherencia, es lo único que reclamo a mis gobernantes, sean del signo político que sean.
Lucio Decumio.
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